Lord Keynes, inventor
de las políticas anticíclicas que los gobiernos usan
para paliar crisis económicas muy graves como la de
2008, asimismo lideró y presidió al final de su vida
el primer consejo para las artes que hubo en el
mundo.
Corría el año
1946 e Inglaterra estaba arruinada tras la Segunda
Guerra Mundial, lo que no obstó para que Keynes
sugiriera que invertir en las artes era una
prioridad. También dijo famosamente que esta
inversión debía hacerse desde una prudente distancia
(at arm’s length), dejando las decisiones de
contenido en manos de figuras prominentes del
sector.
La salvedad
impuesta por Keynes, que a algunos nos parece obvia,
parte de la vieja desconfianza que existe entre los
artistas y el Estado. Un artista para serlo requiere
de un cierto anarquismo mental y muchas veces
sospecha, con razón, que la cercanía oficial sirve
para que lo usen con fines propagandísticos o como
simple soporte del status quo. El Estado, en
contraste, es partidario de la arquía, por así
llamarla, para la cual los díscolos y los
preguntones constituyen un fastidio.
Quizá el
asunto se entienda mejor por sus consecuencias: lo
común es que quien tiene gran habilidad y
conocimiento para moverse en las esferas de la alta
política no tenga las mismas cualidades a la hora de
reconocer las vetas artísticas más importantes y
novedosas. Convengamos, además, que esta carencia no
se soluciona fácilmente con asesores, pues el mundo
de las artes está lleno de falsos “expertos”. La
viceversa también opera, ya que es muy raro que un
artista de mérito admita que lo pasen por las horcas
caudinas de la selección burocrática.
Como al
Estado no le gusta admitir ni su ignorancia ni sus
limitaciones, la salvedad de Keynes dista mucho de
ser universalmente aceptada, hasta el punto de que
con el paso de los años se han decantado en
Occidente dos tendencias en lo que atañe a la
relación del Estado con las artes. Está la tendencia
napoleónica, encarnada con brillo en su momento por
André Malraux, que ignora las advertencias de Keynes
y permite que el Estado decida en forma directa qué
vale y qué no, a veces consultando como por no dejar
con los que sí entienden del tema. Esta es la
tendencia que ha predominado en Colombia, pues
nuestro Ministro de Cultura no está obligado a tener
en cuenta la opinión de nadie, como por ejemplo no
la tuvo la saliente titular, Paula Moreno, al
relegar las artes a un segundo plano (hizo, sí,
muchos conciertos) para dedicarse a fomentar la
diversidad multicultural pluriétnica —y uso sus
palabras—.
Me dirán, con
razón, que cualquiera de las dos tendencias requiere
de dinero para poder tener efectos tangibles, así
éstos no sean los deseables, y que el enanismo
presupuestal del Ministerio de Cultura en Colombia
torna casi irrelevante la discusión. Estoy de
acuerdo: los recursos del ministerio local son muy
escasos, así que su acción en últimas no beneficia
ni daña significativamente a nadie. El año pasado
habían subido el presupuesto a 90 mil millones —nada
del otro mundo, aunque sí un aumento real—, pero el
regalo de despedida de la burocracia económica del
gobierno saliente es un anteproyecto para bajarlo a
72.000 millones en 2011.
El 7 de
agosto entra a ejercer un nuevo Ministro de Cultura.
Dudo mucho que el elegido esté enterado de la
salvedad keynesiana y, más todavía, que se atreva a
plantear el debilitamiento de su poder que ésta
implica.
andreshoyos@elmalpensante.com
Para los extranjeros, 90 mil millones de pesos
equivalen a un poco menos de 50 millones de USD.
